Islandia: Una Revolución por la Libertad.

Invitamos a quien considere erróneas las informaciones detalladas en este texto a que postee los comentarios que considere conveniente corrigiendo esos posibles errores.

Tras la caída de su economía, la República de Islandia, la democracia más antigua de Europa, vio caer también a su gobierno en respuesta al descontento popular. Proponemos un análisis del significado de este hecho.

Jesús Espinoza.

Durante los últimos cuatro años, los medios de comunicación han ido informando sobre las protestas que se han sucedido en Islandia a raíz de la entrada del país en una catastrófica crisis financiera. Algunos medios han comparado estos hechos con las revoluciones armadas que se han producido en algunos países del Norte de África durante los últimos meses. Se ha hablado incluso de “Revolución Islandesa” y se ha querido mostrar como alternativa de gestión la negativa del gobierno islandés a salvar los bancos con dinero público, medida que sí han puesto en marcha países como Grecia, Irlanda y Portugal, que ahora ven peligrar su estabilidad económica, o como España, en el que existe un fuerte temor a que estas medidas agraven la recesión hasta niveles extremos.

Varios medios han destacado este hecho como un ejemplo de valentía, un modelo alternativo de gestión de la crisis que ha evitado para Islandia el destino que han seguido otros países. La semana pasada, apareció en las redes sociales un video titulado “Revolución en Islandia: Lección de Democracia”. En él, un personaje tocado con una máscara de Guy Fawkes nos habla sobre los hechos acontecidos durante los últimos años en Islandia, incluyendo la medida antes mencionada y los tilda de revolucionarios.

Sin embargo, según Eirkur Bergman, profesor de ciencia políticas en la universidad Bifrost, tras dejar quebrar el sistema bancario, el Estado nacionalizó los dos bancos más grandes del País, el Kaupthing y el Landsbanki, y acabó inyectando en sus arcas una cantidad de dinero igual al 25% del PIB. Nunca hubo la intención de dejar que los bancos se hundieran. Lo que ocurrió fue un accidente.

El hecho es que, tras la caída de un 77% de la bolsa en 2008, no había suficiente dinero público para salvar los bancos, quedando como única opción dejar que estos quebraran. De hecho, muchos servicios públicos tuvieron que reprivatizarse, la oleada de austeridad que acompañó el crack de 2008 y que afectó a todas las democracias sociales europeas, también llegó a la pequeña isla atlántica. El gobierno islandés se vio en la obligación de pedir ayuda al FMI y a Rusia.

Hasta aquí, la historia de Islandia no es tan diferente del resto de países que se han visto afectados por la recesión económica que comenzó en 2008. Lo que hace especial el caso de Islandia son las protestas que provocaron la dimisión en pleno del gobierno en 2009, y cuyo detonante debemos buscarlo en las políticas que dicho gobierno aplicó para hacer frente a una deuda de 3500 millones de euros, que había sido generada por las actividades en el extranjero de los dos principales bancos islandeses.

Estoy hablando del caso de las cuentas Icesave, de alto interés, ofertadas por el Landsbanki a clientes británicos (entre otros). Cuando la bolsa quebró, y el gobierno asumió la entidad, la incapacidad de asumir la deuda provocó lo que podríamos llamar un caso de “corralito” internacional. El gobierno de Gordon Brown, aplicando políticas antiterroristas al producto bancario, reclamó el 100% del los depósitos de esa cuenta. Tras las negociaciones, se llegó a un acuerdo que algunos han tildado de burlesco, si no de timorato. La deuda debería ser pagada por las familias islandesas mediante la aplicación de una ley, que no llegó a ser ratificada, durante 15 años a un interés de 5.5%.

Esto, junto a la significativa reducción del Estado del bienestar, fue lo que acabó con la paciencia de los islandeses y provocó la caída de la democracia más antigua de Europa tras las protestas del 22 de Enero de 2009. Casos como éste han supuesto, o más bien deberían suponer, una lección a considerar en el marco de inflexión que ha supuesto la crisis económica mundial. Benería y Sarasúa, en un artículo aparecido en El País, del 29 de Marzo, nos muestran el caso de Islandia junto a otros para ilustrarnos su novedoso concepto de “Crimen Económico Contra la Humanidad”, que según ellas mismas nos cuentan, se apoya en la teoría del crimen a nivel microeconómico de Gary Becker, laureado con el Nobel. Según esta teoría, un criminal pondera su conducta según tres factores: el riesgo que comporta, el beneficio que puede obtener y la importancia que le otorgue al posible castigo.

A nivel macroeconómico, el nivel al que operan las instituciones nacionales e internacionales, existen personas que son responsables de la crisis: los ejecutivos que defendieron a ultranza la liberalización sin control de los mercados financieros, la no regularización de los incentivos y de los fondos de inversión fantasma, los políticos que permitieron seguir robusteciendo esas inversiones mediante el uso del dinero público, los académicos y los economistas profesionales que les dieron su visto bueno y las calificaron como sin riesgo, estables y de alto beneficio.

El mercado no es un ente extraño que opere según su propia voluntad, es un conjunto complejo de interacciones sobre las que podemos actuar asumiendo un determinado riesgo. Así pues, no basta con atribuir la culpa de la crisis a la dinámica propia del mercado. Quienes operan con el dinero de los bancos, de las aseguradoras son quienes trabajan con el dinero de otros, ¿están, pues, legitimados a asumir riesgos tan altos como los que han llevado a quienes depositaron en ellos su confianza a situaciones tan calamitosas como la de Islandia? Según Gylfi Zoega, profesor de economía en la London University, no existe ninguna ley que sancione la toma de riesgo excesivo. De esta manera, el asunto parece más una cuestión ética que legal. Es una cuestión sobre el bien y el mal, sobre la codicia y la responsabilidad moral de quien arriesga el Estado del bienestar esperando beneficiarse.

En efecto, un incremento de la regulación financiera podría reabrir la vieja polémica entre libertad y seguridad, que se remonta a los tiempos de Benjamin Franklin. Pero no es este debate el que debería ocuparnos teniendo en cuenta las circunstancias actuales sino aquél que plantea la imposibilidad de alcanzar el pleno gozo de los derechos civiles y políticos si no se alcanzan primero los derechos económicos: el derecho a trabajar y a recibir un salario justo, derecho a tener una vivienda, derecho a poder procurarse alimento.

La recesión económica, como han demostrado casos como el de Islandia, ha hecho retroceder tres décadas la lucha por los derechos y libertades civiles en Europa. Y parece que nos hubiéramos dado cuenta de esto ayer. En nuestra mano está impedir que la democracia siga cediendo terreno frente al gobierno de los bancos. Ése y no la conducta afortunada o desafortunada de una camada de políticos y banqueros corruptos que intentaron apuntarse un tanto es el mensaje de la revolución de Islandia, un mérito sólo otorgable al valiente, tenaz y consecuente pueblo islandés.

Hasta el próximo jueves, y que el ánimo les acompañe.